Proteger la financiación de Medicaid no solo es fundamental, sino que es fiscalmente prudente. Cuando las personas pierden el acceso a la atención médica, no dejan simplemente de enfermarse: acaban en las salas de emergencias con afecciones más graves y costosas. Esto hace que los costos repercutan en los hospitales, las administraciones locales y, en última instancia, en los contribuyentes.
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